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Suspenden audiencia de la comunidad campesina de Jatucachi en Puno

 

Como se recuerda, en el 2015 la comunidad campesina de Jatucachi del distrito de Laraqueri, Puno, decidió iniciar un Proceso Constitucional de Amparo, debido a que, consideraban que el Ministerio de Energía y Minas (MEM) a través del Instituto Geológico Minero Metalúrgico (INGEMMET) había vulnerado su derecho a la consulta previa y territorio al otorgar 13 concesiones mineras que se sobreponían a su territorio.

FOTO: Dhuma "Comunidad Campesina de Jatucachi - Laraquei - Puno"

El Tercer Juzgado Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno, el 14 de diciembre del 2017, resolvió declarando fundado la Demanda de Amparo, por tanto, nula las 13 concesiones mineras, al mismo tiempo ordenó que se realice el procedimiento de consulta previa a la comunidad campesina de Jatucachi.

Sin embargo, el Instituto Geológico, Minero Y Metalúrgico – INGEMMET; en su momento solicitó adhesión al recurso de apelación y según la resolución administrativa 000613-2018-P-CSJPU/PJ., el proceso se había programado para el día 16 de octubre año en curso a las 8:30 de la mañana en la Sala de Audiencia de la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Puno. El mismo que fue suspendido para la segunda semana del mes de noviembre del presente año, quedando en notificar a las partes de la fecha de audiencia.

El proceso inicialmente fue interpuesto por Tomas Medina Mamanchura presidente de la comunidad de Jatucachi, donde solicitó que se declare nula las concesiones mineras por que estas se encuentran en territorio indígena Aymara, perteneciente al distrito de Pichacani - Puno; por la omisión al derecho fundamental a la consulta previa, tomando en cuenta el camino de la no violenta, así acabando de esta manera con la razón de los derechos de propiedad comunal sobre sus territorios; y, a su identidad cultural y religiosa.

Presentan manifiesto contra la criminalización de los líderes sociales

 

Esta semana en una conferencia de prensa, presentaron el Manifiesto Público Internacional denominado “Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”,las organizaciones defensoras de los derechos humanos, como la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Red Muqui Sur y The Democracy Center.

Foto: DHUMA "Abog. Rodrigo Lauracio - Derechos Humanos y Medio Ambiente"

Tras la acusación a líderes y lideresas sociales sobre el caso “Aymarazo” en 2011, se generó un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional en el que solicitan un “Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”.

Por su parte, el Abogado Rodrigo Lauracio Apaza representante de Derechos Humanos y Medio Ambiente detalló “Exhortamos a los jueces que llevan el caso del vocero aimara a resolverlo conforme a los estándares internacionales, ya que estos procesos judiciales son estigmatizados y pueden traer consecuencias a otros dirigentes comunales”

Las organizaciones que apoyan al manifiesto son un promedio de 130 organizaciones entre nacionales e internacionales, entre ellas de América Latina, África, Oceanía, Canadá, Estados Unidos y Europa, además autoridades comunales de la región de Puno.

El martes 11 de septiembre en la conferencia de prensa, acompañó el padre de Walter Aduviri, Pablo Aduviri, quien exigió a la Corte Suprema de Justicia y al Gobierno, liberen a su hijo de la injusta condena “Mi esposa ha fallecido y mi hijo está desaparecido, no sé dónde estará. Mi hijo no es un delincuente, ¿Por qué va ir a la cárcel? Pido justicia a la Corte Suprema de Justicia”.

Foto: DHUMA "Pablo Aduviri, padre del dirigente aimara procesado"

El caso conocido como el “Aymarazo” se tuvo un promedio de 31 líderes sociales en la investigación preparatoria, en el marco de ese conflicto, a la fecha existe sentencia de un líder originario, condenado como autor mediato.Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social de los defensores de los recursos naturales.

El pasado 5 de setiembre, un integrante de equipo de DHUMA, presentó el Manifiesto Público Internacional “Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú” ante la Corte Suprema de Justicia de Lima, acto que tuvo el apoyo de las diversas organizaciones originarias y en colaboración con la representante de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.

El manifiesto público denuncia la persecución y la transgresión a los derechos humanos, como el derecho a la defensa legítima de su tierra y territorio, en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, pretende exhortar al Estado peruano a que se respete los derechos, a través de las diversas instituciones, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.

Foto: DHUMA "Conferencia de prensa - Presentación de Manifiesto Publico"

Corte Suprema acepta apelación de defensor peruano de Derechos Humanos y anula sentencia

 

(Cochabamba, Ottawa, Puno, Washington)

El viernes 5 de octubre, la Corte Suprema de Perú aceptó la apelación de Walter Aduviri y anuló la sentencia en su contra. Aduviri fue portavoz de las comunidades aymaras durante las protestas conocidas como el Aymarazoen Perú en 2011, en contra del proyecto minero Santa Ana, propuesto por la empresa canadiense Bear Creek Mining Corporation. La Corte Suprema falló que la apelación de Aduviri tenía buena base legal y que el caso debería comenzar de nuevo en cortes regionales.

Foto: DHUMA "Movilización de las comunidades originarias"

Organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional han seguido el caso de cerca debido a la existencia de dos precedentes legalespeligrosos en el caso que podrían haber debilitado al movimiento más amplio por los derechos indígenas y en defensa de su agua, tierra y territorio. Por ahora, esos precedentes se han frenado.

Éste fue el último en una serie de casos contra líderes comunitarios después de las protestas en 2011. Días antes del fallo de la Corte, el Director Ejecutivo de la organización peruana Derechos Humanos y Medio Ambiente (DHUMA), Cristobal Yugra Villanueva, advirtió sobre las implicaciones del fallo:

  “Esta decisión sentará precedentes legales importantes para el futuro de la protesta social en el Perú…[va afectar] si los pueblos indígenas se van a sentir o no libres de protestar, a pesar de que este derecho está garantizado por la Constitución peruana”.

Una campaña de organizaciones locales e internacionales para destacar este caso emblemático lleva varios meses en la marcha. En septiembre de este año, más de 130 organizaciones en todo el mundo firmaron un manifiesto públicodenunciando la criminalización de la protesta social y exigiendo la protección de defensores de derechos humanos que trabajan para defender su agua, tierra y territorio. El manifiesto público hizo referencia directa al caso de Aduviri y exhortó a la Corte Suprema a su absolución total. El manifiesto indica que:

“Consideramos que el caso de Walter Aduviri no es un caso aislado. Es parte de una política pro-minera en Perú, a la que se suman las constantes declaratorias de estados de emergencia en las zonas mineras, la suspensión de los derechos constitucionales de la población, la represión policial y la criminalización y estigmatización generalizada de las organizaciones sociales y comunidades. Al igual que en Perú, a lo largo del continente las multinacionales recorren los territorios con el único objetivo de extraer los recursos, dejando comunidades y ecosistemas destruidos. Cuando existe resistencia, el estado reprime, encarcela y hasta crea las condiciones para el asesinato impune de defensoras y defensores del territorio”.  

Las peticiones para la absolución de Aduviri funcionaron. En la mañana del viernes 5 de octubre, en la presencia de sus abogados, la Corte Suprema anuló la sentencia contra Aduviri, liberándole así de la amenaza de incarceración inmediata.

Según DHUMA:

En la reciente decisión judicial, el Tribunal ha reconocido que el proceso penal llevado en primera y segunda instancia ante el Corte Superior de Justicia de Puno se caracterizó por una clara violación del debido proceso. En el caso de Walter Aduviri y las protestas sociales del Aymarazo, en vez de respetar los cargos presentados originalmente por el Ministerio Público, hubo una “desvinculación de la acusación fiscal” de parte de los jueces para condenar a Aduviri como "autor mediato".  Esto fue ilegal y ésta es la posición que hemos mantenido desde el inicio del proceso legal”.

Los abogados de DHUMA han acompañado a muchos otros integrantes de comunidades aymaras quienes han enfrentado judicialización después de las protestas del Aymarazo. Su trabajo incansable en defensa de los derechos de comunidades indígenas en el Perú fue reconocido la semana pasada cuando sus representantes recibieron el prestigioso premio internacional de derechos humanos Letelier Moffittdel Institute for Policy Studies en Washington DC.

Después del Aymarazo, Bear Creek Mining Corporation presentó una demanda contra Perú en el CIADI, el tribunal de arbitraje sobre inversiones del Banco Mundial, por “compensación” por la anulación del proyecto minero Santa Ana. En septiembre 2017, el mismo mes en él que las cortes de ‘justicia’ condenaron a Aduviri, el CIADI falló a favor de Bear Creek y ordenó a Perú pagar más de USD$30 millones en “compensación”, incluyendo costos legales e intereses. Integrantes de comunidades locales están exigiendo que la compensación no se pague, y que sea a las comunidades a las que se compense por pérdidas económicas y conmoción social causadas por la presencia de la empresa minera. Este debate continuará en el Perú en las semanas y meses que vienen.

NOTA:

El 7 de octubre de 2018, Walter Aduviri fue elegido gobernador de Puno. Hasta días antes de las elecciones, Aduviri fue el candidato preferido pero no era claro si sería factible su candidatura en las elecciones. El fallo de la Corte Suprema permitió su participación en las elecciones.

CONTACTOS:

  • En Puno: Hernán Portobravo +51 999 065 983, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • En Bolivia: Thomas McDonagh +591 7291 5035, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • En Washington: Manuel Pérez Rocha, +1 (240) 838-6623, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • En Ottawa:  Kirsten Francescone, +1 (437) 345-9881, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

Supreme Court Accepts Appeal of Peruvian Human Rights Defender and Overturns Sentence.

(Cochabamba, Ottawa, Puno, Washington)

On Friday October 5th, the Peruvian Supreme Court accepted Walter Aduviri’s appeal and overturned thesentence against him. Aduviri was a spokesperson for the Aymara indigenous communities during the 2011 Aymarazo protestsin Peru against the proposed Santa Ana mining project owned by Bear Creek Mining Corporation from Canada. The Supreme Court ruled that Aduviri’s appeal was well founded and ordered that the case should begin again from zero in the regional courts.    

Both local and international civil society groups have been following the case closely because of two dangerous legal precedentsin the case that risked weakening the broader movement in Peru for indigenous rights and in defense water, land and territory. For now, those precedents have been blocked.   

This was the last in a string of legal cases against community leaders that followed the 2011 protests. Days prior to the court’s decision, Executive Director of Puno-based human rights organization, Derechos Humanos y Medio Ambiente’s (DHUMA) Cristobal Yugra Villanueva, warned about the implications of the ruling. He said,This decision will be precedent-setting for the future of social protest in Peru. It will affect whether or not Indigenous peoples feel free to protest, despite the fact that this right is guaranteed by the Peruvian Constitution.

A campaign by local and International organizations has been underway for several months  to highlight this emblematic case. In September of this year, more than 130 organizations around the world signed a public statementcondemning the criminalization of social protest and calling for the protection of human rights defenders working in defense of their land, water and territory. The public statement made direct reference to Aduviri’s case and called on the Supreme Court to acquit him of all charges.

It stated:

We recognise that Walter Aduviri’s case is not an isolated one. Rather, it forms part of a pro-mining agenda in Peru. Another example of this architecture is the constant declaration of States of Emergency in mining zones. These States of Emergency suspend the most fundamental constitutional rights of the population, bringing with it political repression; criminalisation and the general stigmatization of social organisations and communities. As in Peru, across the continent, multinationals enter territories with the sole intention of converting common goods into financialised resources, leaving communities and ecosystems destroyed in their wake. Where there is resistance, the state systematically represses, imprisons and even creates the conditions for the assassination of defenders.

The pleas for Aduviri’s acquittal appear to have worked. On the morning of Friday October 5th, in the presence of his lawyers, the Court overturned Aduviri’s sentence freeing him from the threat of immediate incarceration.  

According to DHUMA:

In the recent judicial decision, the Court has recognized that the criminal proceedings brought in first and second instances before the High Court in Puno, were characterized by a clear violation of due process.  In the case of Walter Aduviri and the Aymarazo social protests, the judges did not respect the charges originally filed by the public prosecutor, but rather ‘decoupled’ or deviated from these charges and convicted him as ‘indirect perpetrator’. This was illegal and this has been our position since the beginning of the legal process.

Lawyers at DHUMA have accompanied many of the other Aymara community members that faced judicial persecution following the Aymarazo social protest. Their relentless work in defense of the rights of indigenous communities in Peru was recognised just last week when their representatives received the prestigious Letelier Moffitt international human rights awardfrom the Institute for Policy Studies in Washington DC.

Bear Creek Mining Corporation, after the Aymarazo, also filed a multi-million dollar compensation claim against Peru at ICSID, the investment arbitration arm of the World Bank, for the cancellation of the Santa Ana mine. In December 2017, the same month in which the courts of "justice" condemned Aduviri, ICSID ruled in favor of Bear Creek and ordered Peru to pay more than USD$30 million in compensation, including legal fees and interest. Local community members have been calling for the compensation not be paid but rather for communities to be compensated for the economic losses and social upheaval caused by the presence of the mining company. This debate will continue in Peru in the weeks and months ahead.  

NOTE:

On October 7th, 2018, Aduviri was elected as governor of the department of Puno. Up until days prior to the election, Aduviri was the favoured candidate but it was unclear as to whether he would able to run in the elections. The Supreme Court’s decisions enabled his participation.

CONTACTS:

  • In Puno: Hernán Portobravo +51 999 065 983, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • In Bolivia: Thomas McDonagh +591 7291 5035, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • In Washington: Manuel Pérez Rocha, +1 (240) 838-6623, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.
  • In Ottawa:  Kirsten Francescone, +1 (437) 345-9881, Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

Organizaciones nacionales e internacionales respaldan el Manifiesto Público Internacional “Alto a la criminalización de la protesta social en Perú”

Tras la acusación a líderes y lideresas sociales sobre el caso “Aymarazo”, se generó un manifiesto público firmado por varias organizaciones de la sociedad civil nacional e internacional en el que solicitan un “Alto a la criminalización de la protesta social y a la impunidad corporativa en Perú”.

Las organizaciones que apoyan al manifiesto son un promedio de 130 organizaciones entre nacionales e internacionales, entre ellas de América Latina, África, Oceanía, Canadá, Estados Unidos y Europa, además autoridades comunales de la región de Puno.

En el caso conocido como el “Aymarazo” se tuvo un promedio de 31 líderes sociales en la investigación preparatoria, en el marco de ese conflicto, a la fecha existe sentencia de un líder originario, condenado como autor mediato. Esta acusación abre la puerta a la criminalización de la protesta social de los defensores de los recursos naturales.

El manifiesto público denuncia la persecución y transgresión a los derechos humanos, como el derecho a la defensa legítima de su tierra y territorio, en base al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Asimismo, pretende exhortar al Estado peruano a que se respete los derechos, a través de las diversas instituciones, además de la urgencia de generar un marco legal internacional vinculante para que las empresas transnacionales rindan cuentas por sus acciones alrededor del mundo y se termine la impunidad que las protege.

DHUMA recibe Premio Internacional de Derechos Humanos – “Letelier Moffitt”- en Washington

 

Por su dedicación y compromiso con los pueblos Aymaras y Quechuas en Puno, Derechos Humanos y Medio Ambiente - Puno, es acreedor del prestigioso premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffit, en Washington D. C. Estados Unidos por el Institute For Policy Studies; la ceremonia de premiación es el día 4 de octubre.

DHUMA: Integrantes del equipo de DHUMA en Washington D. C. Estados Unidos

En tanto Hermana Patricia Ryam, Presidenta de la Organización de DHUMA, resaltó que este premio es otorgado a los grupos que se dedican a la defensa de derechos humanos y buscan la justicia en los pueblos originarios, así mismo, dijo que actualmente la institución trabaja en las zonas de quechua y aymara en las que brindan apoyo legal y educativo a las comunidades campesinas y organizaciones sociales de la región.

El comité de premiación fue integrado por un equipo reconocido de nivel internacional, presidido por Manuel Pérez Rocha del Institute for Policy Studies, quienes eligieron a DHUMA para recibir el premio Internacional de Derechos Humanos Letelier Moffit 2018, por su dedicación a la “promoción de la cultura, la autonomía y la autodeterminación indígena".

Entre los trabajos que realiza DHUMA, está la conservación del medio ambiente, agua, tierra y territorio. Actualmente muchas comunidades campesinas sufren de la contaminación ambiental a nivel la región.

Las acciones que DHUMA viene apoyando son: Casos de Litigio Estratégico: Caso1. Comunidades Arboleda (Tiquillaca) y San José de Llungo (Atuncolla) Caso 2: Las 11 comunidades de Atuncolla,Caso 3: Comunidades de Chila Pucara y Chila Chambilla,1.Caso 4: Los PAMs de Comunidad de Condoraque,Caso 5: La Paisana Jacinta, Caso 6: Comunidad de Jatucachi del distrito de Laraqueri – Pichacani,Caso 7: Río Torococha –Cuenca Coata, Caso 8: Comunidad de Pampahui y el caso emblemático de “Aymarazo”.

Relatora Especial de la ONU presenta informe de la situación de los defensores de los pueblos originarios

 

En una carta la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas Victoria Tauli Corpuz, presenta informe sobre la situación de los defensores de los pueblos originarios de todo el mundo.

Situación de Derechos Humanos en el Mundo

En marzo de 2018, la Relatora Especial reunió en Ginebra – Suiza a los representantes en su mayoría de las comunidades indígenas de todo el mundo, quienes relataron sus testimonios de la criminalización y la violación de los derechos humanos por la defensa de la tierra y el territorio.

Asimismo, Tauli Corpuz, manifestó que fue testigo de cientos de casos de "criminalización" desde casi todos los rincones del mundo. Estos ataques, ya sean físicos o legales, son intentos de silenciar a los pueblos indígenas que se oponen a proyectos que amenazan sus medios de subsistencia y sus culturas.

En el informe se muestra también la similitud de los casos de violación de los derechos humanos en el escenario extractivismo en los diversos continentes y la forma de “modus operandi” de las empresas extractivas.   

 

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