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APELAN LA SENTENCIA CONDENATORIA CONTRA EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI

Abogado Pablo Ricardo Abdo, defensa del exvocero Aymara, Walter Aduviri Calisaya, interpuso recurso de apelación contra la sentencia condenatoria dada por el Juzgado Penal Colegiado de Puno.

El documento de apelación fue remitido a las Juezas del Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Puno, pidiendo la revocatoria de la sentencia, y la absolución de toda la responsabilidad penal y civil, seguidamente el archivamiento del caso. En otro extremo, también la defensa solicitó la anulación de la sentencia, con la posibilidad de que se realice nuevo juzgamiento con la designación de un nuevo colegiado.

Dentro de los argumentos se pide la suspensión de la condena contra Aduviri, ya que este cumple deberes de funcionario público en Puno, que no han sido cuestionados en el proceso penal. También se indica que lo que hizo Aduviri fue afirmar un arraigo natural, respecto de las labores que el mandato del pueblo le confiere. Para la defensa técnica, la decisión del juzgado causa perjuicio al necesario funcionamiento de las actividades administrativas del gobierno de Puno. Legis.pe tuvo acceso a la apelación completa:

Como se conoce Walter Aduviri Calisaya exvocero Aymara fue condenado 6 años de prisión efectiva y el pago de 2 millones de soles de reparación civil, esto por los hechos ocurridos en el año 2011 conocido como el Aymarazo; lucha de las comunidades aymaras de la zona Sur de la región de Puno contra el proyecto minero Santa Ana, empresa de origen canadiense.  En la sentencia se atribuye el grado de participación como coautor no ejecutivo por atentar la tranquilidad pública.

Aduviri Calisaya actualmente se encuentra purgando condena en el penal de máxima seguridad de Yanamayo, ubicado en la zona de Alto Puno.

 Clic aquí para descargar la apelación

TESTIMONIO: Yésica Patiachi, en Roma: “La minería es el cáncer de nunca acabar”

Lideresa Harakbut, Yésica Patiachi, denunció que las actividades extractivas generan divisionismo en las comunidades nativas ante la degradación medioambiental y la falta de altenativas de vida. “¿Qué oro es el que estamos cuidando? El verdadero oro para mí es el bosque”, aseguró durante el encuentro ‘Minería: mal común en la Amazonía’ impulsado desde la Red de ‘Iglesias y Minería’, CIDSE y Manos Unidas. 

Ciudad del Vaticano, 12 de octubre de 2019. La ceremonia se iniciaba con agua del río Delta 1. Agua contaminada por el mercurio utilizado en la minería ilegal. Un símbolo del desastre que esta actividad viene provocando en uno de los rincones más biodiversos del planeta. Un desastre que para las poblaciones indígenas de la región Madre de Dios tiene un nombre tan duro como realista: cáncer.

Asociamos cáncer con enfermedad, con tumor maligno. “Esa agua viene del lugar que carcome la minería y que está afectando a la Reserva Comunal Amarakaeri, la tierra de mis ancestros”. Son palabras de Yésica Patiachi Tayori, quien fue invitada junto a representantes de países como Ecuador, Colombia y Brasil, al encuentro ‘Minería: mal común en la Amazonía’ impulsado desde la Red de ‘Iglesias y Minería’, CIDSE y Manos Unidas. El escenario, Roma. En contexto, Sínodo para la Amazonía donde ella participa a diario como auditora. El objetivo, compartir experiencias y avanzar en la búsqueda de soluciones en un problema tan complejo como necesario de afrontar. Porque los efectos de la minería, formal e informal, matan.

“Cuando estás en el avión ves un manto verde, pero, también, una especie de leishmaniasis, una úlcera que va carcomiendo, ¿qué oro es el que estamos cuidando? El verdadero oro para mí es el bosque”, describió Patiachi. Pero la profesora harakbut fue un paso más allá y no se quedó en denunciar y alzar la voz por el daño medioambiental que, aunque duele, no es lo único. Al interior de las comunidades el caos y el divisionismo que la entrada de actividades extractivas es durísima. Divisionismo que viene condicionado por un solo motivo: el dinero. “Todo es plata, plata, plata. Y el indígena se pregunta, ¿yo qué hago? En la parte trasera viene el invitado y lleva sus kilos de oro mientras muchos no tienen qué comer porque ya no hay peces ni animales que cazar”, dijo Patiachi.

El cambio climático (la selva peruana ya ha alcanzado el octavo friaje de la temporada, cuando habitualmente se registraban uno o dos cada año) es el efectivo visible en lo medioambiental. La trata, la prostitución o el alcoholismo son algunos de los problemas evidentes en lo social. “Es difícil decir en pocos minutos toda la problemática que estamos pasando. Es el cáncer de nunca acabar porque el extractivismo está avalado por el Estado la mayor parte del tiempo”, aseguró Patiachi, “por un lado dicen que hay que salvar a los indígenas, pero por otro lado están dando concesiones mineras y petroleras que a largo plazo nos llevan a la extinción. ¿A dónde acudimos, a qué organismos?”.

Este y otros temas son asuntos que los líderes indígenas que están participando del Sínodo de la Amazonía vienen denunciando alto y claro, con voz propia. “Este Sínodo no tendría sentido sin nuestra presencia, me refiero a hablar de ecología, de proteger la casa común cuando los guardianes hemos sido, somos y seremos los pueblos indígenas”, concluyó.

Fuente: http://www.caaap.org.pe/website/2019/10/12/yesica-patiachi-en-roma-la-mineria-es-el-cancer-de-nunca-acabar/

 

SOLICITAN QUE LA APELACIÓN DEL EXVOCERO AYMARA WALTER ADUVIRI SE DESARROLLE EN OTRO DISTRITO JUDICIAL.

El argumento de trasladar a otro Distrito Judicial el proceso desarrollado hasta este momento en Puno contra exvocero Aymara Walter Aduviri Calisaya; se fundamenta en los últimos hechos registrados en la ciudad de Puno e interior de la región; donde pobladores de las comunidades campesinas realizaron “movilizaciones” en solidaridad con el exvocero Aymara, sentenciado a 6 años de prisión efectiva y pago de dos millones de soles de reparación civil a favor del Estado.

Guadalupe Manzaneda Peralta, Fiscal de la Segunda Fiscalía Superior Penal de Puno, remitió el documento pidiendo al Presidente de la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Puno, la transferencia de competencia en el proceso seguido contra exvocero Aymara Walter Aduviri Calisaya por el delito de disturbios en agravio del Estado Peruano.

En el petitorio refiere la aceptación del trámite, y consecuentemente trasladar el proceso a otro Distrito Judicial del país, a fin de garantizar el proceso de apelación que está en curso. En el documento narra también los desmanes ocurridos en el Aymarazo de 2011 donde quedaron afectadas las instituciones públicas y privadas.

Finalmente, ¿Qué significa este pedido? Lo dejamos al criterio y análisis de la situación.

Dejando en claro que la protesta social es un derecho Constitucional…

 

Presentan demanda de proceso constitucional de cumplimiento en contra del Congreso de la República del Perú, por la omisión de desarrollar reglamentariamente la Consulta Previa

 

Hoy (15 de julio) se presentó ante la Corte Superior de Justicia de Puno la demanda de proceso constitucional de cumplimiento en contra del Congreso de la República del Perú, por la omisión de desarrollar reglamentariamente la Consulta Previa del artículo 6.1 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para cual en una conferencia de prensa en el auditorio de Ilustre Colegio de Abogados de Puno se dio a conocer a los medios de comunicación y opinión pública.

Conferencia de prensa "Presentación de la demanda"

Participaron el Abog. José B. Chata Pacoricona de Derechos Humanos y Medios Ambiente (DHUMA) con el tema de proceso seguido por la comunidad campesina de Jatucachi, Abog. (a) Maritza Quispe Mamani del Instituto de Defensa Legal (IDL) abordó los fundamentos de la demanda de proceso de cumplimiento en contra del Congreso, asimismo, se contó con la presencia de los directivos de la comunidad campesina de Jatucachi, quienes dieron sus testimonios por la afectación de las normativas emanados por el legislativo, como el caso de las concesione mineras.

Representantes de la comunidad campesina de Jatucachi

Por su parte, Lucio Ramos Ccopa presidente de la comunidad campesina de Jatucachi, distrito de Laraqueri – Puno, indicó que con anterioridad presentaron una petición a través de una carta dirigida al presidente del Congreso de la República Daniel Enrique Salaverry Villa, indicando que cada norma que se emita tendría que consultarse a los afectados, tal como establece el Convenio 169 de la OIT, hecho que no se tuvo respuesta a la misiva, por tal razón se procedió con la presentación de la demanda de proceso constitucional de cumplimiento en contra del Congreso de la República del Perú, para que modifique el reglamento con la finalidad de implementar la consulta previa de actos normativos.

obretura de la prensa nacional 

Como muestra se tiene, la comunidad campesina de Jatucachi en el año 2017 inició un proceso de amparo a raíz de la presencia de concesiones mineras como la “Acumulación Mariela” en el territorio comunal, sin haberse realizado consulta previa ni con el consentimiento de los pobladores.

Cobertura de la prensa local 

Particpación de los medios de comunciación 

Despachos en vivo a traves de la Radio Onda Azul de alcance regional.

CINCO VOCEROS AYMARAS AFRONTARAN DE NUEVO EL PROCESO JUDICIAL ESTE VIERNES 8 DE NOVIEMBRE (AYMARAZO II)

Entre los acusados se encuentran; José Cupi Claros, Javier Parí Sarmiento, Patricio Illacutipa Illacutipa, Rufino Macha Quinto y Walter Aduviri Calisaya este último encarcelado a 6 años de prisión efectiva y pago de 2 millones de soles de reparación civil, esto por los hechos acontecidos en la ciudad de Puno.

FOTO: DHUMA

Los voceros aymaras son acusados como coautores por el delito contra la tranquilidad pública y entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos; por participar de las movilizaciones en la localidad de Desaguadero año 2011. Donde comunidades aymaras exigieron la derogatoria del DS. N° 083-2007 EM, la que declaraba de necesidad pública el proyecto minero Santa Ana de origen Canadiense ubicado dentro de los 50 Km de la línea de frontera con Bolivia. Asimismo, las otras motivaciones por los que participaron en la protesta social fueron por la omisión del derecho a la Consulta Previa estipulado en el Convenio 169 de la OIT, defensa del agua, tierra y territorio que ocuparon como pueblos originarios.   

  
FOTO: DHUMA

Como es de conocimiento, el proceso conocido como Aymarazo II terminó en junio del año pasado con la absolución de los implicados, sin embargo, la Segunda Sala de Apelaciones anuló la sentencia dada en Primera Instancia ordenando el proceso judicial pueda iniciar de nuevo.

Este proceso judicial está fijado para este viernes 8 de noviembre del presente año, según la notificación del 1° Juzgado Unipersonal con sede en Yunguyo. Los acusados comparecerán en la Sala de Audiencias del Juzgado Unipersonal de Juli a cargo del magistrado Juan Manuel Flores Sánchez.

Los voceros aymaras que afrontar este nuevo proceso, están bajo el orden de advertencia de estar presentes en el inicio del juicio oral, de lo contario serian declarados contumaces, es decir, rebeldes consecuentemente ordenar su conducción compulsiva.

Finalmente, expresamos que la protesta social es un derecho Constitucional que tiene todo ciudadano para expresar su punto de vista en el marco de la libertar de expresión y reunión. Por consiguiente, estamos en la tarea de analizar las formas y acciones de criminalización de la protesta social que se dan a partir del caso Aymarazo I y II.

FOTO: DHUMA

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LA SENTENCIA DEL CASO “AYMARAZO”

La Asociación Derechos Humanos y Medio Ambiente expresa su preocupación por la sentencia emitida esta mañana por el Juzgado Colegiado Penal de la Corte Superior de justicia de Puno en contra del exvocero aymara, Walter Aduviri Calisaya. En dicha resolución judicial se condena a seis años de prisión efectiva y al pago de la reparación civil de dos millones de soles.

Con esta sentencia condenatoria, el Estado renueva su ánimo de persecución a toda persona o grupo humano que recurra a la protesta social como recurso último en la búsqueda de reivindicación de sus derechos denegados.

El derecho a la protesta social, pese a su amparo constitucional (derecho a la expresión, a la participación política y a la reunión) aún no considerado como tal y continúa siendo irrespetando, perseguido y sancionando.

A estos se suma a la afectación que resulta esta resolución en contra de los pueblos originarios a nivel nacional, puesto que son estos pueblos los más vulnerables en el contexto extractivista en el que se mantiene nuestro país, por lo que ante la imposición de actividades extractivas en sus territorios (como viene sucediendo actualmente), estos pueblos estarán limitados por el precedente punitivo que deja tras sí la sentencia en mención.

La protesta suscitada en el 2011 fue totalmente legítima y buscaba detener la arbitrariedad del Estado en la imposición de una forma distinta de desarrollo al que ancestralmente mantienen las comunidades campesinas del sur de la región de puno, así como el respeto a los derechos contenidos en el Convenio 169 de la OIT, como de otros cuerpos normativos nacionales e internacionales.

¡No a la criminalización de la protesta! ¡No a la persecución política y penal de pueblos originarios!

Derechos Humanos y Medio Ambiente – Puno, Perú

Puno, 14 de agosto de 2019